La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) anunció que dejarán de circular ciertos tipos de dólares dólares, tanto dentro del país norteamericano, como a nivel mundial.
Los billetes que no serán aceptados son:
También la FED comunicó que manera oficial que está en sus planes lanzar nuevas versiones de los billetes de 5, 20, 50 y 100 dólares, entre 2028 y 2038.
Esta medida- impulsada por la Oficina de Grabado, el Servicio Secreto y el Comité de Disuasión de Falsificación Avanzada (ACD) – fue implementada con el objetivo de “reforzar la seguridad” del sistema monetario.
Previo a este anuncio, el Banco Central había extendido el plazo hasta el 31 de diciembre del 2025 para incentivar a las entidades financieras a aceptar billetes deteriorados y dólares de cara chica (anteriores a 1996).
De más está decir que este nuevo anuncio tendrá impacto directo en aquellos que mantengan sus ahorros en dólares en efectivo, aunque todavía no hay una respuesta formal acerca de la aceptación de la política estadounidense.
Pues, acá entra en juego una discusión que viene de hace ya varios años… Siendo Estados Unidos el único emisor legal del dólar estadounidense (USD), en teoría, tiene el derecho para regularlo y controlar su circulación; por lo que, no tendría por qué no emitir semejante política (en definitiva, es su política monetaria).
Sin embargo, siendo el dólar la moneda de curso legal y considerando que hay países de economías bimonetarias que se ven abruptamente impactados por cualquier disposición de la FED, surge un debate sobre la soberanía monetaria de esos países y el alcance real del poder estadounidense sobre una moneda que, aunque extranjera, cumple funciones fundamentales en sus economías internas.
Por ejemplo, países como Ecuador, El Salvador o Panamá ya han dolarizado formalmente sus economías, renunciando por completo a su política monetaria nacional. Otros, como Argentina, funcionan de hecho como economías bimonetarias, donde el dólar actúa como reserva de valor, unidad de cuenta e incluso medio de intercambio en ciertas transacciones, pese a no ser la moneda oficial.
En estos casos, las decisiones de la Reserva Federal —como una suba de tasas o una expansión cuantitativa— repercuten directamente en el poder adquisitivo, los precios, las tasas de interés locales, y hasta en la estabilidad financiera de estos países, sin que sus ciudadanos tengan ningún tipo de representación o influencia sobre dichas decisiones.
En otras palabras, los países bimonetarios importan la política monetaria de Estados Unidos sin voz ni voto, lo que genera tensiones entre eficiencia y soberanía.
Esta situación ha generado posturas encontradas. Por un lado, quienes defienden la dolarización sostienen que es una forma de disciplinar la política macroeconómica doméstica, evitando fenómenos como la inflación crónica o la manipulación del tipo de cambio. Por otro lado, los críticos advierten que dolarizar significa ceder herramientas clave de política económica, lo que deja a los países a merced de las condiciones externas, sin posibilidad de responder con autonomía ante shocks internos.
Por tanto, aunque Estados Unidos tiene, en términos formales y legales, potestad plena sobre el dólar, su uso extendido en el sistema financiero internacional y en economías extranjeras introduce una dimensión geopolítica y ética al debate: ¿hasta qué punto es legítimo aplicar políticas monetarias internas que afecten tan profundamente a terceros países? ¿Debería la gobernanza del dólar incluir cierta representación internacional, como se ha planteado en discusiones multilaterales?
Sin embargo, el fin de esta nota no era hablar sobre el debate entre dolarización o no, sino sobre la urgencia de- como ya hablamos en la nota anterior– sacar los dólares debajo del colchón.
La nueva disposición de la Reserva Federal parecería alinearse con el blanqueo 2025 anunciado recientemente por el gobierno de Javier Milei, que busca precisamente disminuir el temor de los ciudadanos al control estatal excesivo, un rasgo profundamente arraigado en la cultura económica argentina tras años de intervencionismo. Ambos anuncios animan a que las personas se animen a desempolvar sus dólares que están guardados debajo del colchón.
En este contexto, el gobierno intenta generar un escenario de mayor previsibilidad y confianza, invitando a los argentinos a declarar sus activos con una especie de “pase libre”, sin las sanciones ni consecuencias que en otros momentos hubieran acompañado ese sinceramiento fiscal. La idea central es que, al reducir la presión regulatoria y eliminar barreras percibidas como arbitrarias, los ciudadanos se animen a ingresar al sistema formal, fortaleciendo así las bases de una economía más abierta y transparente.
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